Podría ser este uno de esos temas respecto a los cuales la sensibilidad social crece con el tiempo y que, en un futuro no muy lejano, deje al descubierto situaciones hoy habituales que, bajo una conciencia más desarrollada, resultarían impropias de una sociedad avanzada y democrática. No sería extraño que generaciones venideras se llevaran las manos a la cabeza al constatar la permisividad con la que se toleraron mecanismos generalizados de ataque a la libertad y a la integridad mental de los ciudadanos: la impunidad con la que determinados agentes sociales practican formas de intromisión mental con fines propagandísticos, orientadas al consumo ciego, a la imposición de criterios o al ejercicio de coacciones de carácter social sobre la manifestación de actitudes y principios que, siendo legítimos como expresión individual en un marco plural, son señalados por dichos agentes como modelos a reprimir.
La tesis expuesta por Thomas Douglas en su libro Protecting Minds: The Right Against Mental Interference puede resumirse del siguiente modo: si bien existe un amplio consenso en torno al derecho moral a no sufrir injerencias en nuestro cuerpo —esto es, el derecho a la integridad física frente a intrusiones no consentidas, que hace moralmente inadmisibles prácticas como la realización de procedimientos médicos sin consentimiento, la agresión física o los tocamientos no deseados—, no se da un reconocimiento equivalente respecto de un derecho análogo a la protección frente a la interferencia mental. Douglas defiende explícitamente el paralelismo entre mente y cuerpo en este sentido y muestra cómo, pese al histórico descuido de esta cuestión, algunos filósofos han avanzado parcialmente en esta dirección, siendo el derecho a la libertad de expresión el principio derivado más visible. A juicio del autor, cabría una defensa más exigente de la integridad mental, apoyada en nociones como la autonomía personal, la autopropiedad, el respeto debido a la persona o el derecho a no ser tratado de forma paternalista.
Douglas establece una distinción clara entre formas de interferencia mental moralmente problemáticas y prácticas legítimas de influencia mental, como la presentación de argumentos sinceros destinados a movilizar la opinión pública o a influir socialmente. Estas últimas resultan plenamente coherentes con la praxis democrática y con el reconocimiento de la madurez moral y racional de los ciudadanos.
Un análisis riguroso del concepto de interferencia mental que constituya una infracción de un derecho individual exige, según Douglas, elaborar una definición que permita identificar su estructura y las circunstancias en las que dicha interferencia traspasa los límites de la moralidad. En este sentido, un agente A interfiere mentalmente con un sujeto B cuando la acción del primero altera el estado mental del segundo mediante procesos que no son sensibles a las razones que cuentan a favor o en contra de dicho cambio. Esta insensibilidad puede darse bien porque tales razones no desempeñan un papel causal relevante en la alteración producida, bien porque en el tipo de proceso que induce el cambio dichas razones ni siquiera entran en consideración, como ocurre paradigmáticamente en ciertas intervenciones neurológicas. Para que esta interferencia mental constituya una infracción del derecho moral deben concurrir, además, tres condiciones adicionales: que el agente que la ejerce posea capacidades cognitivas y morales suficientes y pueda prever razonablemente las consecuencias de su acción; que la interferencia sea significativa, esto es, que supere un determinado umbral ético; y, por último, que el sujeto afectado no haya consentido la intervención ni se encuentre legítimamente privado del derecho a consentirla, como podría ocurrir en contextos específicos de reinserción social tras la comisión de un delito.
La significatividad de la interferencia dependerá, en primer lugar, de la importancia de los estados mentales afectados: una intervención dirigida a alterar creencias religiosas o convicciones íntimas resultaría más grave que otra orientada a modificar preferencias relativas a gustos alimentarios. En segundo lugar, dependerá del número de estados mentales implicados —por ejemplo, la alteración de la totalidad de los recuerdos frente a la modificación de uno asociado a un acontecimiento concreto— y, en tercer lugar, del grado de alteración producido: no es equiparable una leve interferencia en una preferencia que la inducción de un odio intenso hacia una persona o un colectivo.
Con ello, Douglas aspira a establecer un marco conceptual que permita distinguir entre interferencias legítimas e ilegítimas. No infringirían el derecho moral contra la interferencia mental aquellas actuaciones que informan sobre las razones de posibles cambios de preferencia, que llaman la atención sobre los efectos positivos o negativos de determinados comportamientos o que ofrecen nuevas razones a favor o en contra de una determinada posición. Sí lo harían, en cambio, aquellas prácticas que eluden la capacidad evaluativa del sujeto, como ciertas neurointervenciones o el uso de psicofármacos sin consentimiento, el empleo de imágenes subliminales que alteran inconscientemente deseos o creencias, o la aplicación de técnicas de condicionamiento que generan respuestas automatizadas sin mediación racional.
Douglas analiza asimismo la complejidad de sistemas de intervención basados en mecanismos sofisticados de condicionamiento, que inducen a los sujetos a conductas no razonadas e inconscientes, así como el uso de dispositivos que hoy pueden considerarse una extensión material de nuestra mente y que son empleados como instrumentos de intrusión mental sistemática.
En definitiva, el derecho moral contra la interferencia mental puede entenderse como un derecho derivado del principio de autopropiedad, cuya aplicación práctica exige identificar aquellos procesos que eluden la sensibilidad a las razones del sujeto. Desde esta perspectiva, los debates sobre los llamados neuroderechos deberían ampliarse para incluir tecnologías que no son estrictamente neurocientíficas, como el diseño digital persuasivo o el uso de técnicas de influencia subliminal. No se trataría de prohibir toda forma de influencia, sino de articular un marco normativo que garantice que los individuos conserven la autoridad sobre sus propios procesos mentales frente a intervenciones que tienden a tratarlos como meros objetos de manipulación biológica, química o conductual.
Thomas Douglas - Protecting Minds: The Right Against Mental Interference
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