Harry Brighouse: el lugar de la filosofía en la toma de decisiones públicas

¿Qué papel podría corresponder hoy a los expertos en filosofía como asesores que faciliten un uso riguroso de la razón en la praxis política y social? No son pocos quienes reclaman mayor claridad conceptual y rigor en un campo que, bajo los efectos de la propaganda política en un marco crecientemente polarizado, parece a menudo desestructurado, sometido a decisiones arbitrarias y a justificaciones estrechamente condicionadas por factores ideológicos. En este contexto, se demanda a la filosofía una contribución específica: la aclaración conceptual y la aplicación práctica de principios racionales largamente trabajados en el ámbito académico, esto es, la puesta en valor social de un bien intelectual consolidado históricamente y sostenido con recursos públicos.

Para el profesor de la Universidad de Wisconsin–Madison Harry Brighouse, sin embargo, el filósofo rara vez se encuentra en posición de ofrecer consejos directos acerca de qué decisión concreta debe tomarse. De sus conocimientos no se infieren guías de actuación inmediatas para resolver dilemas prácticos específicos. El rol del filósofo no debe entenderse, por tanto, como el de consejero del decisor político, sino como el de alguien que puede proporcionar recursos intelectuales que ayuden a pensar mejor las opciones disponibles a quienes sí tienen autoridad para adoptar medidas. En este sentido, el filósofo no es un tecnócrata especializado en soluciones racionalmente idóneas ni un ingeniero social diseñador de modelos normativos, sino un experto que puede contribuir a la ponderación normativa: clarificando conceptos, articulando los bienes moralmente relevantes y orientando la deliberación cuando estos entran en conflicto.

El fundamento empírico de las decisiones corresponde, según Brighouse, al ámbito de las ciencias sociales, encargadas de describir cómo funcionan realmente las políticas públicas, estimar sus efectos probables y delimitar el campo de lo factible. La filosofía, por su parte, identifica y articula los valores relevantes en juego —equidad, suficiencia, prioridad a los menos aventajados, entre otros—, explica cómo estos pueden entrar en tensión y muestra en qué medida determinadas decisiones son coherentes con unos u otros. De ahí que defienda la necesidad de una colaboración estrecha entre filosofía y ciencias sociales, reconociendo además que los filósofos no están capacitados, por sí solos, para interpretar literatura empírica compleja y controvertida.

Una de las aportaciones conceptuales más sugerentes del artículo How to Make Philosophy of Education Useful (Cómo hacer que la filosofía de la educación sea útil) es la distinción entre variables y parámetros. Mientras que las variables son aspectos de la realidad susceptibles de modificación mediante la acción política, los parámetros son condiciones estructurales que quedan fuera del control del decisor en el horizonte temporal relevante. Así, un centro educativo puede adoptar medidas de apoyo a alumnado en situación de desventaja, pero no resolver por sí mismo la precariedad socioeconómica de sus familias. En este marco, la utilidad de la filosofía depende de que sus recomendaciones se formulen en consonancia con los parámetros reales de actuación de quien decide. La pobreza infantil puede constituir una injusticia grave, pero si es un parámetro y no una variable en ese contexto institucional, insistir en ella como si fuera directamente modificable conduce a análisis moralmente loables pero prácticamente inoperantes.

Esta atención a los límites no implica, para el autor, aceptar acríticamente el orden social existente, sino reconocer las restricciones reales de la acción para evitar recomendaciones normativas irrelevantes. Brighouse ilustra este punto con el ejemplo de una reunión destinada a abordar la violencia en un centro penitenciario que deriva hacia una defensa general de la educación social frente a las soluciones carcelarias. Aunque la tesis pueda ser correcta en abstracto, resulta inútil en un contexto donde no se legisla sobre el sistema educativo o penal, sino que se deben tomar decisiones concretas sobre una institución ya existente. La crítica se dirige así a cierta filosofía normativa que razona como si siempre se actuara desde una posición soberana y que, por ello, pierde eficacia práctica.

Otro aspecto central del artículo es la dependencia radical del contexto. La evidencia empírica suele ofrecer resultados promedio, mientras que los responsables políticos necesitan saber qué efectos cabe esperar en situaciones concretas. Un mismo respaldo empírico puede justificar políticas opuestas en cuestiones como la distribución de recursos o el diseño institucional; la diferencia reside en los principios normativos que orientan la decisión. En este sentido, una filosofía socialmente útil no consiste en dictar qué debe hacerse en cada caso, sino en ayudar a formular correctamente qué información contextual es relevante y cómo debe interpretarse a la luz de valores explícitos.

De este modo, Harry Brighouse se sitúa equidistante tanto de un utopismo que ignora las restricciones prácticas como de un pragmatismo ciego que desatiende los principios normativos. Advierte del riesgo del filósofo convertido en consejero político, que acaba proporcionando munición argumentativa para la confrontación partidista, y se distancia igualmente de una filosofía encerrada en la torre de marfil, productora de modelos ideales y universalistas. En su lugar, propone una filosofía orientada a la clarificación conceptual y a la construcción de marcos deliberativos que integren valores explícitos, evidencia empírica, límites institucionales y responsabilidad política.

En consecuencia, la filosofía de la educación —y, por extensión, la filosofía política aplicada— no resulta útil cuando prescribe decisiones concretas, como a menudo se le exige desde instancias que buscan respaldo legitimador, sino cuando contribuye a esclarecer valores, distinguir entre lo controlable y lo estructural, y ofrecer marcos normativos sensibles al contexto que permitan a los decisores actuar de forma más justa dentro de límites reales.

Harry Brighouse: How to Make Philosophy of Education Useful

Un ejemplo aplicado al modelo de Brighouse: ¿cuál podría ser el rol profesional de un filósofo ante el problema de la vivienda en España?

Muchos asocian la figura del filósofo en el contexto de la política con la del columnista o tertuliano televisivo que argumenta aportando razones de calado normativo sobre principios y juicios de valor: la de un intelectual que trata de incidir en la opinión pública a favor de ciertas ideas o posicionamientos, señalando qué valores deberían priorizarse en contextos de disputa y rivalidad en torno a cuestiones que exigen tomar partido a favor o en contra de determinadas medidas.

Como todo ciudadano, el filósofo puede tener —y generalmente tiene— inclinaciones políticas que se ajustan a los esquemas comunes, opiniones particulares e incluso, en algunos casos, formas de militancia dentro de una determinada formación política. En este plano, sus opiniones son tan legítimas como las de cualquier otro ciudadano y, del mismo modo, puede emplear su bagaje cultural para reforzar las tesis que defiende.

Lo que plantea Brighouse en el artículo referido es, sin embargo, algo distinto: la posibilidad de asignar al filósofo un papel profesional específico como asesor, un rol técnico que discurra en paralelo a su posible posicionamiento personal y que resulte socialmente útil para aportar claridad conceptual, estructura normativa y condiciones para un diálogo fecundo en contextos en los que las decisiones políticas son especialmente complejas y controvertidas.

Pongamos un caso práctico en el que a la complejidad técnica se suma la diversidad de modelos normativos y escalas de preferencias propias de una sociedad plural como la nuestra: el problema de la vivienda. ¿Cabe esperar del filósofo algo más que la participación en un debate público cuyas líneas argumentales están bien delimitadas por las diferencias entre sensibilidades políticas y adhesiones partidistas? La respuesta de Brighouse es afirmativa: sí cabe un posicionamiento técnico y pragmático que puede resultar de ayuda para la adopción de decisiones más razonables.

El problema de la vivienda en España viene marcado por factores como el encarecimiento sostenido de los precios, la dificultad de acceso para amplias capas de la población y la coexistencia de modelos de intervención antagónicos: por un lado, uno intervencionista, favorable al control y a la provisión pública; por otro, uno liberalizador, orientado a la habilitación de incentivos y a la expansión de la oferta privada.

En este contexto, el papel profesional del filósofo no consistiría en prescribir directamente una solución concreta, sino en ordenar normativamente el campo de decisión en el que dichas alternativas compiten.

En primer lugar, mediante la clarificación de los conceptos y valores en juego. Bajo la expresión “derecho a la vivienda” confluyen principios como la equidad distributiva, la suficiencia material, la prioridad a los colectivos más vulnerables, la libertad contractual, la seguridad jurídica o la sostenibilidad urbana. La filosofía puede desagregar estos valores y explicitar sus tensiones internas.

En segundo lugar, ayudando a distinguir entre variables y parámetros en función del agente decisor en cada caso. Para un ayuntamiento o una comunidad autónoma, factores como la política monetaria son parámetros; en cambio, son variables la regulación del alquiler turístico, la planificación urbanística o la promoción de vivienda pública.

En tercer lugar, el filósofo puede contribuir a la construcción de un marco deliberativo que integre valores normativos y evidencia empírica. Así, a modo de ejemplos de cuestiones vinculadas al conocimiento empírico, cabría considerar, en este caso, la posible relación entre la seguridad jurídica frente a la ocupación ilegal y una mayor oferta de vivienda en alquiler; el impacto que los controles de precios puedan tener sobre el volumen y la calidad de dicha oferta a corto y largo plazo; en qué medida la ampliación del parque público de vivienda incide en la reducción de los precios del mercado privado; o el efecto de los incentivos fiscales a propietarios sobre la movilización de vivienda vacía, entre otras cuestiones relevantes. Las ciencias sociales informan sobre los efectos probables de las medidas, pero no determinan por sí solas qué política debe adoptarse. 

Según el modelo de Brighouse, la intervención filosófica no apunta a diseñar un plan ideal de política de vivienda, sino a mejorar la calidad racional de las decisiones efectivamente posibles, reconociendo límites institucionales, incertidumbre empírica y conflictos de valores.

No se trataría, en suma, de decidir qué debe hacerse, sino de ayudar a comprender qué se está haciendo cuando se elige una política u otra, y de hacerlo de manera intelectualmente responsable.